La investigación por presunto lavado de activos que involucra a directivos de la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán (Osppt) continúa con escasos avances judiciales, según advirtió el abogado Sebastián Rodríguez Rueda, quien patrocina al médico denunciante José Alberto Gijena. El letrado cuestionó la falta de medidas impulsadas en la causa que tramita ante la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Rafael Alberto Vehils Ruiz.

La denuncia penal fue presentada el 2 de febrero de 2026 y apunta a presuntas maniobras irregulares vinculadas al manejo de fondos de la entidad. De acuerdo con Rodríguez Rueda, desde la radicación de la causa “la única medida conocida habría sido un pedido de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF)”, organismo que todavía no habría respondido el requerimiento.

“Lo preocupante es la escasa actividad investigativa desarrollada durante estos cinco meses, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados y el riesgo de pérdida u ocultamiento de pruebas relevantes”, sostuvo el letrado. En ese sentido, remarcó que en investigaciones de este tipo el paso del tiempo puede afectar la preservación de elementos clave para esclarecer lo ocurrido.

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El abogado también puso el foco en la delicada situación institucional y financiera que supuestamente atraviesa la obra social, encargada de brindar cobertura médica a sus afiliados. “Existen denuncias por dificultades en las prestaciones, reclamos de proveedores por falta de pago y una importante disminución del padrón de afiliados”, aseguró.

Procesos judiciales

Además, mencionó que existen procesos judiciales que involucran a la entidad, entre ellos juicios laborales, ejecuciones fiscales, acciones civiles y amparos relacionados con el acceso a prestaciones de salud. “Todo esto incrementa la preocupación sobre el verdadero estado patrimonial y administrativo de la institución”, dijo.

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El abogado consideró llamativo que, pese al contexto y a la gravedad de las denuncias, “hasta el momento no se haya impulsado una auditoría externa e independiente que permita conocer con claridad la situación real de la obra social”. También cuestionó la falta de pronunciamientos públicos por parte de autoridades sindicales vinculadas a la conducción de la entidad. Rodríguez Rueda reclamó que la investigación judicial avance “de manera rápida, eficaz y exhaustiva”.